Por qué Europa necesita un impuesto a la riqueza

En los últimos años, el economista francés Gabriel Zucman ha defendido que las grandes fortunas deben soportar al menos la misma carga fiscal efectiva que la media de la ciudadanía contribuyente. Para lograrlo, Zucman defiende un impuesto sobre el patrimonio neto (activos financieros y no financieros menos deudas) que incluya un gravamen de hasta el 2 % para aquellas fortunas en las que ese patrimonio supere los 100 millones de euros. El llamado “impuesto Zucman” no ha tardado en llamar la atención internacional y conseguir numerosos adeptos. 

Sin embargo, a pesar de su popularidad, ningúnestado miembro de la UE —salvo España— cuenta actualmente con un impuesto sobre el patrimonio neto. En una región que se enfrenta a unos retos económicos, sociales y medioambientales cada vez mayores, quienes ostentan la responsabilidad en Europa deberían saber que estas cuestiones sólo pueden abordarse de manera eficaz y sostenible si la carga se reparte de forma equitativa. 

Las grandes fortunas pueden aplazar indefinidamente el pago de impuestos  

El debate de los impuestos sobre el patrimonio neto se ha activado en todo el mundo, como demuestra el hecho de que instituciones como la OCDE, el G20, la ONU y la Comisión Europea le presten cada vez más atención. En Europa, ese interés renovado puede explicarse por la preocupación pública creciente acerca de la desigualdad de la riqueza, la erosión gradual de los impuestos sobre el patrimonio y las transmisiones de riqueza de las últimas décadas, así como por la presión fiscal en aumento que soportan las personas contribuyentes tras las crisis de los últimos años. 

Los estudios muestran que, a nivel mundial, la riqueza de las personas multimillonarias   ha crecido cerca de un 8  % anual desde la década de 1990, casi el doble que la tasa de crecimiento de la mitad más pobre de la población. Por lo tanto, los modelos actuales para gravar el patrimonio se consideran cada vez más insuficientes, lo que explica el apoyo creciente a los impuestos sobre el patrimonio neto.  

En términos generales, hay cuatro formas de gravar el patrimonio: 

1. Gravar los ingresos derivados de los activos, como los dividendos, las plusvalías y los intereses. 

2. Gravar activos específicos, por ejemplo, mediante impuestos recurrentes sobre los bienes inmuebles. 

3. Gravar la transmisión de patrimonios, como los impuestos sobre sucesiones y donaciones.  

4. Gravar el patrimonio neto total. Los tres primeros métodos se aplican ampliamente en todos los países, mientras que el cuarto todavía es poco habitual. 

Los tres primeros métodos presentan importantes deficiencias. En muchos casos, la base imponible es limitada y puede reducirse con relativa facilidad. Los impuestos sobre sucesiones, por ejemplo, apenas se aplican a una mínima parte de los patrimonios, mientras que los impuestos sobre bienes inmuebles de muchos países de la OCDE se han quedado desactualizados respecto a los valores de mercado. 

Los impuestos sobre las plusvalías o ganancias de capital también plantean problemas. En la mayoría de los países, solo se gravan cuando se materializan, esto es, cuando se vende el activo en sí. Sin embargo, las grandes fortunas no suelen vender sus bienes y, si lo hacen, utilizan sociedades holding u otras estructuras jurídicas para minimizar —o incluso eludir— ese impuesto. Además, muchos de los grandes patrimonios integran sus propiedades en las empresas que los generaron. 

Además, las grandes fortunas pueden acceder a liquidez a través de préstamos garantizados con sus activos e inversiones, o con otros concedidos por sus propias empresas, y disfrutar así de su patrimonio sin generar hechos imponibles, lo que evita el pago de impuestos. 

Por lo tanto, el sistema actual distorsiona los comportamientos hasta tal punto de que las grandes ganancias de capital con frecuencia quedan exentas. En vista de lo anterior, tiene más sentido que nunca gravar directamente el patrimonio neto total de las fortunas. 

Inconvenientes manejables 

Quienes no están de acuerdo con los impuestos sobre el patrimonio neto suelen plantear dos objeciones principales. En primer lugar, algunos activos —como las empresas privadas o las obras de arte— pueden ser difíciles de valorar. En segundo lugar, un impuesto sobre el patrimonio podría obligar a particulares a vender parte de sus activos para hacer frente a sus obligaciones tributarias. 

Ambas preocupaciones son manejables. Las autoridades tributarias valoran muchos activos ilíquidos con otros fines, por ejemplo, para gravar el impuesto de sucesiones o por criterios de información financiera. Yexisten métodos de valoración ya consolidados que reducen aún más la complejidad. Además, los temores a las ventas forzadas de activos suelen ser exagerados. Los grandes patrimonios habitualmente tienen carteras muy diversificadas y una liquidez considerable, y existen fórmulas —como los aplazamientos de pagos — para evitar ventas forzadas en caso necesario.  

Por eso es poco probable que un impuesto moderado sobre las concentraciones extremas de riqueza genere distorsiones económicas importantes, sobre todo si se compara con las que genera el sistema actual, que permite que las grandes fortunas se multipliquen y disfruten de una tributación mínima durante décadas.  

En todo caso, todas esas cuestiones son aspectos de diseño y no tanto objeciones fundamentales a un impuesto sobre el patrimonio neto.  

Cuestión de justicia 

La adopción del “impuesto Zucman” sería un primer paso lógico para una región que se enfrenta a varios retos muy importantes. La amenaza de Rusia, la dependencia de unos Estados Unidos menos fiables en defensa y tecnología, y la dependencia de la UE de los combustibles fósiles y los minerales críticos importados exigen una mayor autonomía. Cada vez es más evidente que la mejor forma de alcanzar esa autonomía es con la aceleración de las transiciones hacia la sostenibilidad en la UE, con límites a la dependencia y un refuerzo a la ventaja competitiva de Europa.  

Para que una reforma de este tipo tenga éxito será necesario contar con el apoyo más amplio posible. Asignar más carga tributaria a las grandes fortunas contribuiría a ello y aumentaría la sensación de equidad. Según una encuesta realizada en 17 países del G20, cerca del 70  % de la ciudadanía en edad adulta     apoyaría políticasque obliguen a las grandes fortunas a pagar un impuesto sobre el patrimonio mayor, y que esos ingresos se utilicen para financiar iniciativas de energías verdes, la sanidad universal y mayores derechos para las personas trabajadoras. Asimismo, otra encuesta global realizada en 13 países reveló que nueve de cada diez personas apoyan gravar a los superricos para financiar los servicios públicos y la acción por el clima. Por su parte, en la UE, una encuesta reciente indicaba que casi dos tercios de la ciudadanía respaldan la introducción de un impuesto para el 0,001 % de la población con el fin de garantizar que paguen un nivel mínimo de impuestos. 

Con un sistema tributario que grave el patrimonio neto las grandes fortunas podrían contribuir a la sociedad que les ha permitido acumular tales patrimonios. 

Los ingresos tributarios serían considerables 

Más allá de las cuestiones de equidad, un impuesto sobre el patrimonio también generaría unos ingresos fiscales muy considerables. En la UE, el “impuesto Zucman” recaudaría 67.000 millones de euros al año y neutralizaría la regresividad de los sistemas actuales. Si se aumentara el umbral del “impuesto Zucman” del 2 % al 3 %, los ingresos recaudados ascenderían a 121.000 millones de euros al año, lo que convertiría al modelo tributario europeo es un sistema ligeramente progresivo.  

Cuanto más progresivo fuera el impuesto, más beneficios generaría. Según un estudio reciente, si se adoptara un sistema más “agresivo” —con un impuesto progresivo sobre patrimonios netos superiores a 2 millones de euros— en la UE se podrían generar ingresos anuales equivalentes al 4,3  % del PIB, siempre que se frenen eficazmente la evasión fiscal y la fuga de capitales. Ese volumen de recaudación sería más que suficiente para financiar las necesidades anuales de inversión verde sus de la UE, sin que el 99  % de hogares se viera afectado. Y ese sistema contribuiría además a abordar la huella de carbono tan desproporcionadamente elevada que generan esas grandes fortunas. 

La adopción de un impuesto sobre el patrimonio neto también podría ayudar a reducir la dependencia del sistema público actual respecto al crecimiento continuado. A diferencia de los impuestos sobre la renta o sobre los rendimientos del trabajo, la base impositiva del patrimonio neto no está tan vinculada con la expansión económica. Ante la desaceleración de las economías ricas y el coste ambiental del crecimiento, un impuesto sobre el patrimonio de las grandes fortunas podría aliviar las presiones fiscales y distributivas que mantienen la dependencia de un crecimiento económico continuo. 

La desigualdad extrema de la riqueza socava la igualdad política  

Sin embargo, quizás lo más importante sea que un impuesto sobre el patrimonio neto abordaría la amenaza para la democracia que supone la concentración extrema de riqueza —y su correspondiente poder político y económico—. Actualmente, un reducido grupo de personas multimillonarias tiene participaciones considerables en más de la mitad de las compañías de medios de comunicación principales, y nueve de cada diez plataformas de redes sociales están en manos de media docena de de esas personas. Y aunque apenas durara unos meses, el nombramiento de Elon Musk como responsable de un ministerio estadounidense dejó bien claro que la influencia de esas grandes fortunas puede convertirse en un poder político directo.  

En Europa, por ejemplo, en los Países Bajos, la influencia de las grandes fortunas también es preocupante. Apenas 11 de las 500 personas más adineradas del país realizaron el 20 % de las donaciones a partidos políticos en el último año electoral. Y casi el 90 % de esas donaciones fueron a partidos de centro-derecha o de derecha, algunos de los cuales contribuyen a la erosión del Estado democrático del país.  

Aunque cada persona de la ciudadanía tenga derecho a voto, esos tres canales de poder tan interrelacionados (control de los medios, donaciones políticas y acceso a cargos públicos) otorgan a las grandes fortunas una influencia desmesurada sobre nuestro sistema político, lo que va en contra de la propia concepción de la democracia representativa.  

Aprendamos del pasado sobre cómo evitar la evasión fiscal 

Los impuestos sobre el patrimonio neto no son nada nuevo. En 1990, 12 países de la OCDE, en su mayoría europeos, aplicaban algún tipo de impuesto sobre el patrimonio neto. Sin embargo, muchos lo abolieron en las décadas de 1990 y 2000, en parte porque los ingresos eran moderados y se consideraban insuficientes para justificar su complejidad administrativa. Asimismo, la adopción generalizada de políticas neoliberales durante este periodo —con preferencia por reducir la tributación de las personas más acaudaladas— también contribuyó a su declive. 

En esos años, la eficacia limitada de los impuestos sobre el patrimonio se debió en parte a la capacidad de  trasladar activos a jurisdicciones fiscales más favorables. Así que tenemos que aprender del pasado y evitar la deslocalización por razones tributarias. El “impuesto Zucman” sostiene que las personas contribuyentes deberían estar sujetas a esos impuestos en el país de origen durante los siguientes 10 o 15 años, a menos que el territorio de destino aplique un nivel de tributación comparable. Tales medidas harían más viable la aplicación unilateral de un impuesto sobre el patrimonio.  

En la actualidad, España es el único país de la UE que grava el patrimonio neto de las personas físicas, con una recaudación de alrededor de 2.000 millones de euros en 2024, sin indicios significativos de fuga de capitales. Es importante destacar que España no aplica esta “obligación tributaria ampliada” que propone el impuesto Zucman tras abandonar el país. Por lo tanto, la aplicación unilateral de este impuesto podría ser ya más viable de lo que aducen los críticos. 

En vista de lo anterior, los gobiernos europeos no deben esperar a que se dé una coordinación internacional perfecta para tomar medidas. Los países que quieran dar el paso podrían adoptar ya un impuesto de estas características, sobre todo si se combina con medidas más estrictas contra la evasión fiscal, como impuestos tras la salida del país u obligaciones tributarias temporales para las grandes fortunas. Es más, si un grupo pequeño de países se atreviera a dar ese paso a la vez, podría motivar al resto y conseguir una coordinación internacional más amplia. Es evidente que lo más eficaz sería contar con un impuesto sobre el patrimonio con alcance a toda la UE, pero si seguimos a la espera de conseguir un acuerdo unánime, corremos el riesgo de no hacer nada. 

¿Quién se atreverá a terminar con esta oligarquía? 

Cada vez es más difícil mirar hacia otro lado e ignorar los efectos de la enorme concentración de riqueza actual. La reforma de los sistemas tributarios ha dejado de ser algo deseable y se ha convertido en una necesidad para acometer las transiciones hacia la sostenibilidad y conseguir unas democracias sólidas a largo plazo.  

Hace aproximadamente un siglo, en Estados Unidos la desigualdad de la riqueza alcanzó niveles tan elevados como los actuales. En aquel momento, la introducción de un impuesto sobre la renta altamente progresivo tuvo un papel clave para romper la concentración oligárquica del poder. 

Hoy en día, el riesgo al que se enfrentan las democracias occidentales podría ser aún mayor. Elon Musk ha superado a John D. Rockefeller como la mayor fortuna de la historia moderna. Además, en épocas anteriores, el 0,001 % más rico de la población de los EE.UU. poseía una riqueza equivalente al 4  % de la renta nacional. Ahora esa cifra se acerca al 12  %. 

La adopción de un impuesto progresivo sobre el patrimonio neto parece la única respuesta viable. Los gobiernos europeos deberían empezar a aplicarlo desde ya , a nivel nacional con una tributación mínima, de hasta el 2 %, como propone Zucman. Cuanto más se espere a hacer frente a esta concentración extrema de riqueza más difícil será revertir sus consecuencias económicas y políticas. 

* Esta columna se publicó en inglés el 28 de mayo de 2026 en triodos.com